Por dentro
La caída de una gestora de inversiones en EEUU: la acusan de esquema Ponzi y LarrainVial recupera sus fondos
El acuerdo se dio en completo hermetismo. Fue en diciembre de 2022 cuando, luego de dos años de tramitaciones, Activa, la firma de capital privado de LarrainVial, recibió los US$ 15 millones que estaban tratando de conseguir desde 2020.
La compañía chilena no obtuvo ningún retorno, pero por lo menos, comentan conocedores, logró rescatar gran parte de los fondos, algo difícil de lograr cuando una firma de inversiones tiene problemas financieros internos. Esto, comentan conocedores, fue clave gracias al trabajo del equipo a cargo de estructurar el fondo privado de Activa.
La empresa en cuestión es Capital Force, una oficina de inversiones basada en Miami y fundada en 2017 por tres argentinos con experiencia en finanzas: Matías Costantini, Juan Cruz Talia Brown y Jonathan Culley. La compañía, según entendidos, se dedicaba -entre otras cosas- al financiamiento de créditos automotrices en Estados Unidos, un negocio con muy buenos retornos.
Hoy, los detalles de esa transacción aparecen en una extensa demanda en los tribunales de Florida, donde Lidia Zalazar, una inversionista argentina, acusa a los socios de Capital Force de elaborar un esquema tipo Ponzi que afectó a 150 aportantes y que llegó a recaudar más de US$ 35 millones con un “apalancamiento excesivo, una gestión inexperta y una administración de riesgos deficiente”.
¿Pero por qué LarrainVial, que logró recibir sus fondos invertidos, aparece en medio de una acción judicial que involucra a terceros?
En julio de 2018 la compañía estadounidense constituyó Capital Force F5, una sociedad destinada a lanzar una nueva oportunidad de inversión en préstamos automotrices. Todo esto lo hizo con la participación de Activa a través del Fondo de Inversión Privado Activa Deuda Automotriz USD.
Entre ese año y 2019 dicha entidad recibió US$ 15 millones por parte de la firma nacional para financiar la adquisición y gestión de contratos de préstamo para la compra de vehículos de alto, medio y bajo riesgo, se lee de la demanda, alojada en la corte distrital de Florida.
Pero a comienzos de 2020, antes de la pandemia, Capital Force F5 cayó en dificultades financieras que resultaron en el incumplimiento de sus obligaciones de pago y de relación préstamo-valor con LarrainVial. Producto de esto, explica el libelo, la gestora de fondos chilena amenazó con iniciar procedimientos de cobro contra Capital Force Group, sus filiales y socios.
El escrito describe que, con una inminente demanda de US$ 15 millones, Costantini y Talia Brown “se apresuraron a negociar con el fondo chileno para evitar una acción judicial en su contra”. En dichas citas -que se dieron a partir de 2020- las partes habrían acordado proporcionar a la firma controlada por la familia Larraín Cruzat “un colateral adicional para cumplir con el ratio préstamo-valor de Capital Force F5”.
Estos colaterales -activo que se ofrece como garantía para respaldar y reducir el riesgo de una operación financiera- eran 749 préstamos vehiculares de dos sociedades (Vehicle Solutions CF y VSC) y, según la acción judicial, estaban valorizados en US$ 8 millones aproximadamente.
“La mayoría, si no la totalidad, de los 749 préstamos pignorados al fondo chileno, se encontraban dentro de la cartera de préstamos previamente comprometidos a inversionistas como colateral de su inversión. Esto hizo que la garantía de los clientes se diluyera aún más, a partir de una inversión ya insuficientemente colateralizada”, se lee del escrito, que añade que esta información no fue entregada a los otros inversionistas de Capital Force: “(Esos datos) los mantuvieron en la oscuridad al no revelar que 749 préstamos se habían vuelto a pignorar”.
¿En otras palabras? Según la demanda, en 2020 la corredora chilena, a través de Activa, se dio cuenta de los problemas internos en Capital Force, por lo que exigieron la devolución de sus inversiones. Como resultado, y para mantener el statu quo dentro de la compañía, los socios de la firma norteamericana liquidaron tres sociedades -Vehicle Solution CF, Capital Force F1 y Capital Force Car Loans- para reembolsar a la chilena (entre otros inversionistas), lo que habría producido la dilución de colaterales y perjudicando “gravemente la ya tambaleante situación” interna. Esto, fue descrito por la demandante, como la ejecución de “pagos preferentes”.
La prueba de Zalazar
A pesar de la información entregada por Zalazar en su demanda, fuentes conocedoras comentan que resulta “muy poco probable” que Capital Force haya ofrecido colaterales adicionales a Activa, y más aún cuando estos serían, de acuerdo a la acción judicial, de otras carteras.
Esto, porque se trata de una industria regulada, por lo que “cualquier movimiento de este tipo hubiera encendido las alarmas de cualquier involucrado”, explica un conocedor de las tratativas.
Además, complementa, los colaterales comprometidos con LarrainVial estaban “claramente estipulados en el contrato”.